Tras cumplirse 28 días de los cortes de ruta que permiten el acceso al el depósito
de desechos tóxicos más grande de América Latina, perteneciente a Minera Los
Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, los habitantes de la localidad de
Caimanes, zona precordillerana de la comuna de Los Vilos, en la región de
Coquimbo, mantienen los cortes de camino en dirección del tranque de relave
Mauro, exigiendo el cese de las funciones de la obra que desde principios del año
2001 los ha mantenido resistiendo lo que ellos mismos han considerado “la ruina
del Valle Pupío”, uno de los últimos valles verdes de la IV región de Chile.
Tras el último fallo de la Corte Suprema el pasado 22 de octubre de 2014 (causa
rol 12938-2013; 22/10/2014) que ordena a la sociedad minera Los Pelambres el
escurrimiento natural de las aguas del Estero Pupío, libres de contaminación
provenientes del tranque hacia la localidad de Caimanes, los comuneros
movilizados reclaman se cumpla con el mandato dictaminado por el tribunal
supremo, dada la nula respuesta del “gigante minero” respecto al cese del
funcionamiento del tranque. En este mismo documento, se deja en claro que las
obras necesarias para dar respuesta al dictamen judicial, implicarán la demolición
o remoción del muro de contención que impide proporcionar el vital elemento a los
habitantes de Caimanes.
Vale recordar que las más de 2.060 toneladas de desechos tóxicos almacenados
desde el año 2008, ha ocasionado diversos perjuicios a los habitantes del pueblo,
exponiéndolos a enfermedades como cáncer (producto de concentraciones de
arsénico), parkinson, demencia, psicosis maníaco-depresiva y efectos
neurológicos en niños (por efectos de la concentración de manganeso), daños
neurológicos, parálisis, demencia y daño a los riñones por efectos de las
concentraciones de mercurio, entre otros efectos. A lo anterior, se suman los
riesgos que supone un posible derrumbe ante un evento sísmico que supere los
7,5 grados, lo cual terminaría por sepultar la vida del pueblo y del Pupío.
“Justicia para Caimanes”
A la resolución del tribunal supremo que obliga al cumplimiento de la liberación de
las aguas obstruidas y la remoción de la mega obra, subyace el drama que los
habitantes de Caimanes han tenido que enfrentar desde su construcción.
En un trabajo de investigación de aproximadamente dos años en la localidad
(2012-2013), los comuneros nos hicieron saber las consecuencias que la sequía
del valle, la contaminación y los atropellos percibidos, así como lo que ellos han
considerado la “intromisión” y “violenta intervención” de Minera Los Pelambres en
el Valle Pupío, ha supuesto para las formas de vida campesinas cultivadas desde
tiempos inmemorables en el Pupío.
El impedimento de la libre escurrimiento de las napas subterráneas desde donde
nacen las aguas del estero y la captura de las mismas en las alturas del fundo
Mauro, ha significado enfrentar día a día a los embates de la falta del vital
elemento, obligando a la racionalización del suministro de agua en los hogares y al
abandono de formas de producción asociadas al trabajo campesino. Don Gilberto
Carvajal, pequeño agricultor de la zona e integrante del comité, nos cuenta su
experiencia:
“La agricultura, la ganadería y la apicultura, esos son mis rubros…eran mis
rubros, porque ya estamos perdiendo todo, de agua, no tenemos agua, no
tenemos vertiente, ahora ya se están terminando el resto que quedaba […] Yo
tengo hartos años, tengo cincuenta y tantos años, y los años malos que han
venido antes nunca se habían secado las vertientes. Incluso ahora este año
empezaron a secarse los árboles nativos. El Arrayán, el Peumo, o sea, se va a
perder todo, aparte de las abejas. Este año no sacamos miel nosotros, no
cosechamos nada”.
Refiriéndose a la baja en la producción agrícola y a la incertidumbre que
actualmente se vive en el pueblo, el mismo agricultor nos cuenta:
“Para tener una planta que le dé, tiene que darle cuarenta, cincuenta kilos por
árbol. Pero ahora tengo cinco kilos por árbol. Entonces no hay vida, muy poca
vida […] No, digamos que en la parte de agricultor, ya no hay futuro. Aunque
quisieran decir que hay futuro, no, no hay futuro” (Gilberto).
A la pérdida de fuentes de trabajo agrícola y la amenaza latente respecto a la
sequía de los pozos, se suman los riesgos asociados a la contaminación de las
aguas, lo cual ha llevado a los comuneros a desplegar diversas estrategias de
subsistencia para convivir con la contaminación de las mismas y la escasez. La
compra de bidones de agua en varios de los hogares, con tal de evitar tomar agua
contaminada son algunas de ellas, tal como nos cuenta el presidente del comité,
Cristian Flores:
“… de repente para uno es tremendo pensar ‘estará o no estará contaminada’ […]
el hecho de pensar de que lo que estás tomando está bueno o está malo,
psicológicamente te genera un daño, y no es un daño menor pensar que tu vida
está corriendo peligro o la de tu hijo […] aquí la mayoría, toda la gente que aún
tiene lucas la está invirtiendo en agua, para poder estar un poco más tranquilos
[¿Y la gente que no? ¿Cómo lo hace?] Están tomando agua de la llave, tomando
agua contaminada. ¿Y qué va hacer? ¿Va a dejar de tomar agua? No puede,
tienen que cocinar, tienen que bañarse…”.
Las personas que habitan la localidad igualmente nos han hecho expresos sus
temores respecto a las enfermedades y algunas consecuencias que les ha traído
el consumo de agua contaminada:
“…yo no confío del agua que a nosotros nos están entregando por las llaves,
porque los hervidores, las ollas, eh, crían un sarro de diferentes colores. Yo, hace
dos años atrás tuve una enfermedad en las manos, me salieron unas durezas en
todos los dedos de las manos, una picazón, que parecía que tenía ortigá las
manos, como una alergia, y no sabía de qué podía ser eso y puede que sea el
agua, porque el cuerpo a veces lo puede rechazar, ¿qué se yo? Fui varias veces
a la doctora, era una picazón como que se me ponía rojo y una picazón que
mientras más me rascaba, más deseo de rascarme las manos me daba, era aquí
en las palmas y en los dedos” (María Soto).
Un segundo punto de vista nos entrega Alicia, joven madre que refiere al peligro
de los metales pesados en su hijo y las medidas que ha debido enfrentar para
evitar daños:
“Manganeso, el hierro y todo eso se incrusta en la piel, la piel de las personas, les
da cáncer, imagínate los niños chicos. Y aquí toda la gente no tiene plata como
para comprar agua. Hay gente aquí en Caimanes que toda toma agua de la llave
nomás […] porque no tienen plata como para comprar […] Yo compro agua,
porque tengo un hijo de seis años y no quiero que se enferme, por culpa de la
Minera Los Pelambres”.
Las promesas de desarrollo para la localidad se han ido esfumando con el paso
del tiempo y con los daños que hasta la fecha mantienen al pueblo seco, sin
acceso a las fuentes laborales prometidas, expuesto a los riesgos que supone vivir
a un costado de más de 2.000 toneladas de relave tóxico y vulnerable a cualquier
tipo de evento sísmico, que podría significar la muerte de un pueblo completo. Así
nos expresan sus habitantes cuando aluden a los temores por un presunto
derrumbe:
“Dicen que el relave es como una laguna, dicen que igual llegaría el relave aquí a
Caimanes si se derrumba, pasaría por al lado del monolito, por donde yo vivo […]
el día de mañana a lo mejor vamos a estar durmiendo y se va a venir eso abajo y
no tenemos ni una alarma… en la noche usted va a estar durmiendo tranquila,
nadie sabe si se va a venir en la noche el relave, capaz que nos mate a nosotros,
a todas las personas o capaz que se venga en el día. ¿Y qué va a pasar? Que
justo va a topar al lado de la escuela y van a haber muchos niños chicos que van a
sufrir esa cuestión. A lo mejor no ahora, pero después, al tiempo después, yo a lo
mejor voy a estar muerta, voy a estar muerta y van a decir ‘oh, de verdad tuvo
razón’” (Susana).
¿Estado de Derecho en Chile?
Tanto los testimonios de los habitantes organizados en el “Comité de Defensa de
Caimanes” como el proceder del gran capital de patrimonio de Los Luksic, dejan
entrever el abandono del Estado de Derecho en Chile hacia las comunidades que
se enfrentan a las consecuencias socioambientales de mega proyectos de
inversión, destinados a la explotación de recursos naturales, especialmente del
cobre en nuestro país.
Al despojo de los bienes naturales vitales para la subsistencia, como es el agua,
se suma la disposición de marcos legales que permiten a mega inversionistas la
libre introducción y explotación en el territorio nacional. El Decreto Ley 600
Estatuto de la Inversión Extranjera que data de 1974, el DL 1.222 de 1981 Código
de Aguas y el Código de Minería de 1982, son algunos de los marcos legales más
importantes que durante de década de los noventa se han valido los gobiernos de
la Concertación (a la fecha) propiciando la intensificación del patrón extractivista
en Chile y consecuentemente, el agotamiento de los valles de la zona centro del
país abastecidos por las aguas cordilleranas.
El Estado de Derecho en Chile, pone a disposición del capital su política de
inversión extractiva y paralelamente, da la espalda a comunidades que, pese a las
resoluciones de la Corte Suprema, siguen bajo el más absoluto desamparo. Poco
interés ha demostrado la institución en proveer a los ciudadanos de derechos
básicos, como son el acceso al agua, a un medio ambiente libre de contaminación
o el derecho a vivir fuera de peligros que supongan la integridad de poblaciones
completas.
Cediendo a las leyes del mercado y a una escandalosa mercantilización de los
bienes de naturaleza, el Estado de Chile faculta las pretensiones del capital, en
medio del más absoluto silenciamiento e impunidad a los crímenes
sociambientales propiciados por los Luksic en el Valle Pupío.
Y el Estado de Derecho… ¿dónde está?
Karen Paz
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